Carta de Carl Ludwig von Haller a S.M.C. Don Carlos X de Francia

El contexto de este ensayo es la crisis constitucional de Francia en 1830, en la que la Cámara de Diputados liberal tomó como rehenes al rey y a su ministerio al bloquear el proceso político, empezando por su (in)famoso Discurso de los 221. Anteriormente, el autor original hizo un ensayo "Por qué fracasó la Restauración borbónica" sobre este tema.

A diferencia de la mayoría de los monárquicos, que veían esto como una horrible calamidad, Haller lo tomó como una oportunidad afortunada para que el rey capitalizara y finalizara la contrarrevolución. Su valoración fue demasiado optimista, pero lo que hace que este ensayo sea tan fascinante es que muestra cómo Haller no sólo era un gran filósofo político, sino también un inteligente economista y financiero. Hace propuestas para una amplia reforma administrativa en Francia, desde el ejército hasta los impuestos, peajes y aranceles, pasando por el restablecimiento de los inspectores de los gremios, la restauración de las propiedades secularizadas de la Iglesia católica, la reducción de la administración pública, etc. Los consejos que da son igual de inspiradores hoy en día. Además, termina con una detallada tangente histórica de las adquisiciones territoriales de la Casa de Francia, y de cómo los tratados de paz y las alianzas no requerían la ratificación de los parlamentos

"Al igual que sus adversarios, parecen representar a Francia como una sociedad o una asociación propiamente dicha; luego afirman que toda sociedad se mantiene sólo por las contribuciones de sus miembros, y concluyen que, tras el rechazo de estas contribuciones, se disolvería necesariamente. Ahora bien, este razonamiento basado en principios supuestamente filosóficos es falso, incluso diría que revolucionario en todos los puntos; porque, en primer lugar, Francia no es una sociedad o una comunidad, sino que es la agregación de una multitud de individuos unidos por diversos vínculos directos o indirectos a un jefe común e independiente; este jefe tampoco vive únicamente de los impuestos, y, finalmente, la denegación de las subvenciones por parte de la cámara, suponiendo que fuera seguida incluso por la de los contribuyentes, no destronaría al rey, sino que sólo le obligaría a ahorrar más dinero y atrincherarse, lo que golpearía a sus enemigos más que a sus amigos. Pero tal es hoy el efecto del lenguaje revolucionario y de los hábitos contraídos desde hace cuarenta años que, en este punto capital, como en muchos otros, los monárquicos están, sin saberlo, de acuerdo con sus enemigos, pues ambos se imaginan que la existencia del reino depende de la aceptación o del rechazo de los impuestos, y que, por lo tanto, descansa sobre la frágil base del buen gusto, del capricho y de las opiniones variables de algunos diputados... También los diarios monárquicos se agotan en esfuerzos y amontonan las frases más patéticas para evitar una desgracia que les parece tan espantosa. Conjuran a los liberales, por su amor a la carta, al país y a la patria, que no lleven las cosas a tal extremo; les ruegan, por así decirlo, de rodillas, que no rechacen el presupuesto a un ministerio que, aunque suena mal para la revolución, no se ha manifestado todavía por ningún acto hostil contra ella, que se ha abstenido de dar golpes, que gobierna según la carta y las leyes vigentes, que no ha hecho hasta ahora ni bien a los monárquicos ni mal a los liberales.

En una palabra, parecen pedir clemencia a la revolución e implorarle, al menos, algún temperamento suave. Pintan el cuadro más sombrío de los supuestos desastres que seguirían al rechazo del presupuesto. Para escucharlos, a partir de ese momento ya no habría corona en el tesoro; la familia real estaría mendigando, se declararía la bancarrota, el ejército se vería reducido a vivir del saqueo y del pillaje, Francia en disolución; habríamos secado la fuente de crédito, arruinado a los rentistas y a los empleados, paralizado la acción del gobierno en el interior y en el exterior, incluso suspendido la vida del Estado. No hace mucho un periódico monárquico entraba en detalles de otra naturaleza y gritaba con dolor, que la negativa del presupuesto destruiría la carta y transferiría todo el poder a la cámara de diputados, aunque al destruir la carta destruiría con ello la cámara y su poder; que esta negativa "privaría a Francia de canales", de carreteras, hospitales y yeguadas, "como si las yeguadas se mantuvieran con impuestos y los caballos no pudieran criarse sin el consentimiento de las cámaras"; condenaría a los barcos del rey a pudrirse en los puertos, "desheredaría al pueblo de la educación y lo apartaría de los consuelos religiosos.

"¡Miedos infantiles! ¡Descansad, vosotros que os llamáis monárquicos de Francia! Nada de esto sucederá, e incluso os demostraremos que el rechazo de los impuestos sería, por el contrario, el acontecimiento más favorable para la monarquía, un final rápido y feliz, una liberación legal, para servirnos en la dirección opuesta".

"En efecto, los que en sus bravatas amenazan con rechazar los impuestos, en el fondo se los negarían a sí mismos, y nadie sufriría menos que el rey, que por el contrario sería más rico, más fuerte y más libre que antes. En primer lugar, como ya hemos dicho, en cuanto no haya más impuestos no habrá más electores, ya que nadie podrá estar sin pagar trescientos francos de contribución directa; en consecuencia, no habrá ni fuero ni cámaras, y podemos decir que lejos de que el rechazo de los impuestos pase todo el poder a manos de las cámaras, destruiría incluso la posibilidad misma de las cámaras, pasando necesariamente todo el poder a manos del rey. Nos veremos obligados a disolver la cámara actual, y será imposible convocar otra, porque no habrá ni electores ni elegibles, y pregunto quién quedaría entonces en el poder si no es el rey".

"Ahora bien, o bien se considera la carta como una ley fundamental, aunque el reino existiera antes de ella; o bien como un pacto con la nación, aunque nadie haya estipulado sus cláusulas y sólo lo firmen el rey y su ministro; o bien, por último, como una ordenanza y una concesión real, que de hecho lo es; sigue formando un todo indivisible y que a nadie le está permitido aceptar una parte, rechazar la otra, tomar las ventajas y dejar los cargos sólo al rey. La ley deja de existir, el pacto se rompe, la concesión se revoca, siempre que una parte, y especialmente la favorecida, rechace los artículos o haga imposible su ejecución. Así, si por el rechazo de los impuestos las cámaras anulan la carta, liberan legalmente al rey de todos los obstáculos que se impuso a sí mismo, de todos los sacrificios que hizo por esta inmensa concesión, y a la que se comprometió sólo con la condición de que sus súbditos hicieran a su vez sacrificios similares, que pagaran sobre todo sus propias faltas y sufrieran las consecuencias de una revolución que fue obra suya. El rey será el dueño de derogar todas las leyes aprobadas por las cámaras que habrán dejado de existir, y la mayoría de las cuales restringen su autoridad, aún más que no ha sido restringida por la carta. ¡Ya no habrá lista civil! Tanto mejor, el rey volverá a la posesión y al usufructo de todos sus dominios, de sus bosques, de sus rentas y de sus derechos reales o regios; podrá destinar a los gastos de su casa y a sus numerosos beneficios la parte de sus rentas que le plazca, y dispondrá así, como propietario, de una suma igual e incluso superior a la que ahora se le asigna bajo la apariencia de un apoyo humillante; una apariencia que, tomada pronto por una realidad, bastaría por sí sola para matar la monarquía. Que, si al rey se le niegan los subsidios necesarios para pagar las deudas de la revolución y del imperio, se le liberará de ellas de pleno derecho, puesto que no las ha hecho; se le autorizará a hacer borrar del libro de cuentas al menos la mitad de la deuda pública; y si los acreedores se resienten de ello, sólo podrán atacar a los liberales, que habrán rechazado los medios para pagar la totalidad de las cargas.

Todas las pensiones civiles y militares concedidas durante el interregno de 1792 a 1814, en particular las que están garantizadas por la carta a los oficiales y soldados retirados, o a sus viudas, dejarán de ser imputables al rey, y para obtener el pago estos pensionistas estarán autorizados a dirigirse a los superiores a los que han servido, o a los que dicen representarlos, y a entregarse solos por la nación, es decir a las sociedades secretas y liberales. El ejército será reducido y sólo se compondrá de aquellos que se comprometan voluntariamente al servicio del rey, que hayan sido o que prometan serle fieles en todos los encuentros; y garantizamos que este ejército será todavía lo suficientemente fuerte, ya sea para comprimir a sus enemigos desde dentro o para ganarse el respeto del nombre del rey en el exterior, y que no le faltará una buena paga ni una existencia honorable. Muchos tratados civiles experimentarán una supresión o una considerable disminución, pues no será difícil establecer en Francia una administración menos costosa y que se aproxime a la antigua. Se acabaron los hoteles fastuosos para tantos directores, el mobiliario, la calefacción, la iluminación y la lavandería a cargo del rey, un lujo inaudito en otras monarquías. Salvo uno o dos, los demás ministros y sus primeros empleados se alojarán en sus propias casas, como en Inglaterra y en otras partes, y para trabajar irán a sus oficinas, que pueden establecerse todas en el Louvre, destino que sería también mucho más adecuado que convertirlo en una sala de mercado para los mercaderes, como si los productos de su industria no estuvieran suficientemente expuestos en otra parte. Un intendente bastará para administrar cuatro o cinco departamentos unidos en una sola provincia; los negocios serán también menos numerosos, y asegurando a estos funcionarios del rey la estabilidad de sus plazas, y por consiguiente un cierto honor en el mundo, se contentarán también con un salario menor. Además, por regla general, los empleados de toda clase sólo serán asalariados por las funciones que se relacionen con los asuntos del rey; pero cualquier servicio que presten a los particulares se les pagará como en el pasado, mediante emolumentos u honorarios de servicio; pues ciertamente, si los ciudadanos no quieren contribuir con nada, el rey no está obligado a hacer todos sus negocios gratis; es mucho más justo y sencillo que cada uno pague por el servicio o favor que pida y cuando lo reciba".

"En particular, todas esas ayudas, esos beneficios y esas numerosas sinecuras que la revolución creó para los hombres de letras, con el pretexto de fomentar las ciencias y las artes, pero que no benefician ni a unas ni a otras, y sólo sirven para alimentar la mediocridad, para engendrar una raza presuntuosa de escritores superficiales, para alentar a los difamadores o para comprar su silencio. Las propias academias son un vano desfile, una superficialidad inútil, y sin embargo estas escrituras de cesión no son redactadas por los empleados del rey, sino que son redactadas por los notarios a los que hay que seguir pagando aparte. En cambio, los innumerables cambios de rentas en las fincas, que también son propiedad, y además libres de toda contribución, no cuestan un céntimo. El Estado se encarga de atender y redactar gratuitamente todas estas escrituras de compraventa, y para ello gasta enormes sumas en edificios, gastos de oficina, sueldos de empleados, modelos de traspaso, novedades, certificados de inscripción y registro del libro mayor. ¿Es esta igualdad ante la ley, es un privilegio tan prodigioso realmente conforme a la carta e incluso a la justicia? Que tomemos entonces, no digo el cuatro por ciento, sino sólo un medio o un cuarto por ciento por cada transferencia de anualidades, y tendrán ustedes una renta que, en el primer caso, será de 72, y en el segundo de 36 millones; renta que no será un impuesto, sino una justa indemnización, una ligera remuneración por un servicio solicitado y obtenido. Lloraremos durante ocho días, y después no hablaremos más del tema. Sería vano decir que la inconcebible facilidad actual es necesaria para sostener el crédito. Es una pura falacia inventada por los corredores de bolsa que hicieron la ley; el crédito o la confianza se adquiere por la fidelidad en el cumplimiento de los compromisos, por la moralidad y la solvencia conocidas del deudor, y no por una generosidad mal entendida, digamos mejor, por el engaño de seguir pagando todos los actos por los que los particulares consideren oportuno ceder o transferir sus títulos de crédito. Por el contrario, sólo un deudor avergonzado o insolvente podría imponerse semejante carga, para que no se le pida el reembolso; peligro que no hay que temer aquí, ya que son los acreedores los que temen el reembolso y nunca pueden exigirlo".

"Aparte de estos ahorros, habrá otros recursos para sustituir, al menos en parte, el producto de los impuestos eliminados. Si las cámaras rechazan la contribución territorial, habrán autorizado con ello el restablecimiento de los diezmos, censos y derechos feudales, de los que el impuesto territorial es la justa compensación, y no habrá nada que reclamar, porque esos cánones territoriales eran deudas y no impuestos; quién sabe incluso si la mayoría de los contribuyentes no los preferirían a las contribuciones actuales. Las cámaras ya no quieren votar subvenciones para el mantenimiento del clero católico, aunque el salario que recibe es una ligera indemnización que le está garantizada por un tratado público. ¡Todo a su tiempo! Aceptamos el principio de que cada sociedad religiosa debe pagar por sí misma los gastos de su culto; pero también debemos dejar o devolver a cada uno lo que le pertenece. Así, el clero católico dejará de ser asalariado, pero las Cámaras tendrán por esa misma autorización que devolver sus bienes, lo que supondrá para el tesoro real un ahorro anual de treinta y cinco millones. Los protestantes tampoco recibirán ya ningún trato, pues no se les ha quitado nada; no fueron despojados por la revolución, siguen disfrutando de lo que antes poseían, por lo que no pueden reclamar nada al Estado; otro ahorro de unos tres millones".

Las patentes son una remuneración, o si se quiere un impuesto por el disfrute de un privilegio, porque nadie puede ejercer una industria sin tomar una licencia; las pagamos además, no por la fortuna de uno, como exige la carta, sino por su profesión, sea cual sea la fortuna del concesionario, además, por su beneficio. Así pues, si las cámaras no quieren ya consentirlo, restableceremos las maestrías y los jurados [inspectores del gremio] cuyas patentes son la compensación: el público estará mejor servido, el orden y la moralidad renacerán entre los industriales y para asegurar el disfrute de una ventaja tan exclusiva, estas corporaciones ofrecerán quizá al rey una suma anual que se acercará mucho al producto de las patentes." "Por último, si se suprimen las aduanas y se suprimen los derechos sobre las mercancías extranjeras, porque se consideran impuestos, nadie podrá impedir que el rey establezca, como en el pasado, y como en cualquier otro país, peajes por el uso de los caminos y puentes, peajes que se referirán no a la calidad sino a la cantidad de mercancías, de ganado o de caballos de tiro. Se trata de un derecho privado del que también gozan los particulares, es la renta legítima de un capital desembolsado, dado que el rey no está más obligado que cualquier otro a construir y mantener gratuitamente los caminos y puentes. Es de apostar que la recaudación de estos peajes quizás igualaría e incluso superaría la de las aduanas. Así pues, no habrá más fraudes, ni registros, ni molestias repulsivas y costosas. Los numerosos hombres de las clases bajas, especialmente los habitantes de las fronteras, hoy obstaculizados de mil maneras en sus medios de existencia, bendecirán el nombre del rey, porque en la extensión de un comercio libre encontrarán una infinidad de recursos honorables, independientes y seguros; una obra por la que se formarían cuerpos fuertes y almas vigorosas; el rey se ganará también el afecto de todos los pueblos vecinos, de los extranjeros en el extranjero, más que nunca en Francia, que será entonces el país más hospitalario de Europa; los propietarios de sus tierras venderán mejor sus productos, los consumidores franceses experimentarán un notable alivio y un aumento de la facilidad, porque ya no pagarán impuestos a los industriales privilegiados".

"El primer rey de la raza borbónica, Hugo/Hugues Capeto, ¿no llegó a ser rey, es decir independiente y jefe de otros vasallos, por la preponderancia que le dieron sus inmensos dominios? Y cuando sus sucesores adquirieron el Berry por compra, el Languedoc y la Borgoña por herencia, la Champaña y la Bretaña por matrimonio, el Delfinado, la Provenza, el Anjou y el Maine por donación, varias otras provincias por confiscación a causa de la felonía, otras finalmente por conquista y por tratados de cesión; cuando estos diversos títulos sucedieron a los derechos y rentas de los antiguos señores de estas provincias: ¿se cree que este aumento de fortuna consistía sólo en subsidios o contribuciones, que no existían ni siquiera en aquella época, y no en posesiones territoriales y rentas señoriales? ¿No sabemos que antes de Philippe-le-Bel/Felipe IV el Bello no había ni impuestos ni subsidios en Francia, y que hasta 1789 la mayor parte de las rentas reales consistía todavía en dominios y derechos de soberanía, es decir, en establecimientos productivos que el rey es dueño de formar, ¿ya que no obliga a nadie a utilizarlos?"

"Es, pues, en esta calidad, en virtud de su libertad personal y no en virtud de una delegación del pueblo, que los reyes de Francia, así como otros soberanos, han hecho siempre tratados de paz, de alianza y de comercio, sin que a nadie se le haya ocurrido impugnar esta facultad; sin que ningún órgano del Estado se haya arrogado el derecho de examinar estos tratados, de discutir sus condiciones, de aprobarlos o de rechazarlos, con el pretexto de que infringen una ley anterior o de que contienen una disposición fiscal y dan lugar a un gasto no permitido legalmente. En vano pretendemos desenterrar de la historia un pequeño número de ejemplos mal concebidos en sentido contrario, y dar así la violación arbitraria o forzada de la norma por la norma misma.

Estos ejemplos sólo se extraen de épocas de anarquía, de debilidad, incluso de cautiverio de los reyes, o fueron una excepción formalmente concedida por el rey y que aún confirma la regla. La paz de Brétigny, en 1360, que cedió la Guyena, el Poitou, el Angoumois, Calais y Ponthieu, se había hecho bajo el débil rey Jean/Juan II, que murió prisionero en Inglaterra, y no es de extrañar que los grandes del reino, en tales circunstancias, se opusieran a la ejecución de un tratado tan desastroso, no porque tuvieran el derecho, sino porque tenían la fuerza. En cuanto al Tratado de Madrid, en 1526, todo el mundo sabe que el propio Francisco/Francois I había provocado la resiliencia de los Estados de Borgoña, y se alegró de encontrar un pretexto para anular lo que sólo había firmado contra la corte durante su cautiverio en Madrid. Los parlamentos y los estados de las demás provincias no se inmiscuyeron en ello. Por último, si Inglaterra exigió en 1713 que la Paz de Utrecht se registrara en el parlamento, porque creía que así se aseguraban mejor las ventajas que había obtenido en ella, este ejemplo demuestra además que, sin esta convención formal, la formalidad de un registro no era habitual. Pero ninguno de los numerosos tratados, tanto anteriores como posteriores, ha sido examinado, discutido, aprobado o rechazado, ni por los parlamentos, ni por los estados generales o provinciales.

No se ocuparon de la paz de Arras en 1435, que cedió Borgoña; ni de la de Senlis en 1493, que dejó al archiduque Felipe, Borgoña, Artois y Charolais; ni de la de Cambray en 1529, que renunció a Artois y Flandes, para recuperar Borgoña; ni de la de Cateau-Cambresis en 1559; ni de los diferentes tratados de paz con los hugonotes de Francia, que sin embargo también derogaron leyes anteriores y tocaron muy de cerca los intereses generales de la nación; ni discutieron ni sancionaron la paz de Vervins en 1595, que cedió el Charolais a España; ni la paz de Munster en 1648; ni la de los Pirineos en 1657; ni la de Aix-la-Chapelle en 1668; ni la de Nimega en 1678; ni la de Ryswik en 1697; ni la de Rastadt y Baden en 1714; ni la segunda paz de Aix-la-Chapelle en 1748; ni el pacto familiar con España en 1761; ni la paz de París de 1763, por muy cara que fuera para Francia; ni las numerosas alianzas y capitulaciones con los suizos, renovadas de nuevo en 1777; ni la paz de Versalles de 1783; ni el tratado comercial celebrado con Inglaterra en 1786, ni tantos otros convenios de todo tipo. Si, en fin, algunos tratados concluidos y ratificados han sido comunicados a los parlamentos, fue para darles conocimiento oficial de ellos, para registrarlos y hacerlos observar como las demás leyes, en los casos que pudieran presentarse, pero no para reconocerles el derecho de discutir las condiciones, de aprobarlos o rechazarlos y de suspender su ejecución hasta después de este asentimiento. Es, pues, indiscutible que, a lo largo del antiguo régimen, los reyes de Francia utilizaron por sí solos y sin restricción alguna el derecho de hacer tratados de paz, alianza y comercio, fueran o no contrarios a las leyes anteriores.

La carta de 1814 no estableció, pues, un gobierno representativo, ya que esta palabra no se encuentra en ninguna parte; es una expresión viciosa, introducida sólo por los hábitos de la revolución, y que debería ser prohibida en el lenguaje oficial, ya que significa, en el sentido del sistema revolucionario, que el pueblo, que se pretende soberano, se gobierna por sus representantes; principio subversivo y diametralmente opuesto tanto a los hechos como al espíritu de la carta y a la intención de su autor. En todos los tiempos y en todos los países ha habido en torno a los tronos, cámaras, estamentos u otras asambleas más o menos influyentes, que votaban las subvenciones o deliberaban sobre las propuestas del príncipe, sin haber oído hablar por ello del gobierno representativo. En la propia Francia y según la carta, las cámaras, lejos de ser el gobierno, son sólo asambleas instituidas por el rey e investidas por él solo con el derecho de iluminarle con sus consejos o de deliberar sobre sus propuestas; están compuestas por pares nombrados libremente por el rey, o por diputados designados por los colegios de departamentos, y que a su vez siguen siendo instituidos por el rey; En consecuencia, no son los representantes de la nación, y el rey mismo no lo es, ya que este título supondría también que es su funcionario o agente; pero, por el contrario, es el padre común, el príncipe, el señor natural; dentro de los límites de su derecho gobierna en virtud de su autoridad personal, y no como representante de otro.

Tampoco la carta es un contrato o un pacto social, aunque los propios ministros lo hayan llamado así desde lo alto de la tribuna; porque nadie lo pidió, nadie negoció ni estipuló las condiciones; nadie ha tenido, para ello, el poder pleno ni de la nación ni de ningún órgano del Estado; no hay dos partes contratantes en la carta; no se encuentra en ella otra firma que la del rey y su ministro; finalmente no fue discutida y libremente aceptada, sino recibida y registrada, y si le debemos obediencia y sumisión, es sólo por respeto a la autoridad del rey.

Incluso en el caso de que por una capitulación dura un rey ceda una provincia, en el fondo sólo renuncia a los derechos, bienes y rentas que allí poseía, y no a los derechos de los particulares que, por regla general, y al menos según los antiguos principios del derecho público, no experimentaban ninguna alteración en sus derechos privados; Sólo declara a los habitantes del país que a partir de ese momento no puede protegerlos; los libera de los compromisos que tenían con él y los deja libres, ya sea para contratar con el nuevo amo, o para abandonar su territorio y así procurarse su propia seguridad."